El comentario de hoy, jueves 19 de octubre

Uno de los temas que más ha lacerado a la sociedad oaxaqueña es el asesinato de mujeres, en sus dos vertientes: como delito tipificado en ciertas circunstancias como feminicidios y en otras como homicidios sin más. Durante el gobierno de Gabino Cué, más de 350 casos, sobre todo de mujeres jóvenes, ubicó a la entidad en uno de los primeros lugares a nivel nacional.

De los casos que forman parte de este catálogo de crímenes, no se ha resuelto ni un diez por ciento. Ello implica que son cientos los que siguen impunes, no obstante la insistencia de familias dolientes para que los presuntos criminales paguen por sus delitos. Uno de los argumentos del gobierno pasado era la falta de recursos. La Fiscalía General del Estado llegó a niveles tan penosos de pobreza que no había dinero para viáticos, ni vehículos, ni gasolina, ni siquiera papelería, para hacer más patética la miseria presupuestal.

Y por declaraciones recientes de altos funcionarios, las cosas no han cambiado mucho en este gobierno. ¿Cómo investigar la comisión de delitos o perseguir a presuntos criminales, sin los recursos elementales que toda instancia de procuración o impartición de justicia requiere para cumplir con las tareas que tiene dentro del Estado de Derecho? ¿Cómo abatir la impunidad, estando las instancias en la total indigencia?

La semana pasada el Juez Cuarto de lo Penal dictó sentencia en el caso de una joven que murió acuchillada por su pareja en 2013. Han pasado cuatro años. En efecto, se sienta un precedente, pero es sólo un caso de un directorio de cientos que esperan la acción de la justicia. Hay otro caso, se sabe, en que el presunto responsable está ya detenido desde hace varios años, pero aún no le dictan sentencia, porque familiares, desde empleos ligados con la impartición de justicia, obstaculizan dicha acción.

El largo y tedioso peregrinar de las madres que exigen justicia no ha tenido un buen fin. Los recovecos del nuevo sistema acusatorio adversarial no les garantizan el castigo que esperan, como tampoco la dilación en la aplicación de la ley. Ya se sabe: justicia retardada, justicia denegada. Los casos ocurridos recientemente en Puebla han encendido las luces amarillas en dicha entidad. Se han tomado acciones para proteger a las estudiantes, en donde los criminales se han volcado para cometer sus fechorías. Aquí, todavía seguimos esperando que crímenes en contra de mujeres, cometidos hace cinco o más años, tengan como corolario la simple y llana aplicación de la ley. (JPA)