El comentario de hoy, jueves 14 de abril de 2016

En lo personal guardo una especie de escepticismo por las llamadas comisiones de la verdad y especies parecidas. Las ha habido a nivel nacional, como aquella que pretendía investigar el 68 y la represión gubernamental de 1971. No pasó de ser un simple fenómeno mediático, sin facultades punitivas ni reconocimiento judicial. Han sido simples entelequias. Por ello, vimos con ese mismo escepticismo la Comisión de la Verdad que se creó en Oaxaca, a insistencia y como gratuita concesión a la Sección 22, que ha insistido en asumirse víctima en el conflicto que padecimos los oaxaqueños en los años 2006-2007.

Dicha comisión no fue de manera honoraria como suelen ser las mismas de esta naturaleza, sino realmente onerosa para el presupuesto gubernamental. Presidida por el padre Alejandro Solalinde Guerra, guía moral del albergue “Hermanos del Camino” en Ciudad Ixtepec y defensor de los derechos humanos de los migrantes que cruzan territorio mexicano hacia los Estados Unidos, concluyó su presunto informe recientemente y, según información periodística, los miembros de la Comisión, encabezados por Solalinde, lo entregaron a representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

¿Qué contiene el informe? ¿Cuáles fueron las conclusiones y según los fiscales ex officio de la citada Comisión, quiénes fueron los responsables de la ingobernabilidad que vivió la entidad en esos años aciagos? Lo que llama a la crítica es que siendo una comisión que fue creada a instancias del gobierno y el Congreso local, con presupuesto estatal, tenga que dar cuentas en otras instancias, que mueven mucho al protagonismo e informar de sus pesquisas al pueblo oaxaqueño.

Sin ánimo de desacreditar a una institución respetable como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de cuyos miembros han venido a enmendarle la plana al gobierno de México, ¿en realidad estará en su interés cuando aún no se resuelve el trillado, llevado y traído tema de Ayotzinapa, seguir en los mismos lugares comunes de violación a los derechos humanos en un conflicto que está cumpliendo diez años?

Quien padeció sus efectos no fue ni el magisterio, ni las organizaciones sociales ni, mucho menos, los grupos en la clandestinidad que vinieron atizar la violencia, sino el pueblo oaxaqueño. Fueron los empleados de hoteles, tiendas y restaurantes, que se quedaron sin chamba. Fueron los ciudadanos humildes y de a pie los que pagaban derecho de paso a los viciosos que tenían su franquicia en las barricadas. Fueron miles de ciudadanos más.

A ellos había que informarles y no a personeros de organismos internacionales regionales, que desde sus cubículos, sólo ven una parte de la realidad, que ni les compete ni les interesa. (JPA)