Acusan a juez del TSJE de proteger a invasores de Lachigoló

*Exigen restitución de predios

Armando GUTIÉRREZ

Afectados por las invasiones de sus propiedades en la comunidad de San Francisco Lachigolo, exigieron ayer al secretario judicial encargado del Juzgado Primero de lo Penal con sede en Tlacolula, José Juan Ramos López, ordene la restitución provisional de sus predios.

En voz de Ana Anderson Altamirano, representante de los más de 80 personas despojados, demandó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), aplicar todo el peso de la ley en contra de los autores materiales de las invasiones.

Sin embargo, lamentaron que pese a la detención del principal cabecilla de invasores Manuel Sánchez López o Manuel Sánchez Cruz, se ha negado a ejecutar otras órdenes de aprehensión pendientes.

Dijeron que otro de los implicados es Orlando Cruz Saavedra, a quien se detuvo por el delito de despojo agravado, pero a quienes las autoridades judiciales, se han dedicado a liberar de las acusaciones.

Sin embargo, hasta el momento sólo han sido detenidos Cruz Saavedra, Honorina Santiago López y Manuel Sánchez López, mientras los otros 8 indiciados se pasean de manera impune por las calles de San Francisco Lachigoló e incluso en oficinas de gobierno sin que sean detenidos.

Anderson Altamirano, relató que hace 23 años, ella compró un terreno a la profesora Angelina Escobar Gutiérrez, pero posteriormente, en el año 2013, las tierras fueron invadidas por un grupo de personas encabezados por una familia de la comunidad.

Subrayó que dichas personas metieron a vivir en los predios invadidos, a gente procedente de Centroamérica y de la Mixteca de nuestro estado, que se hacen pasar por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, sin serlo, además de pertenecer al MULT.

Señaló que interpuso la denuncia correspondiente y se formó el expediente penal número 117/2014, en el Juzgado Primero de lo Penal con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el delito de despojo agravado en contra de las siguientes personas: Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López, Marlene Inés Hernández, Honorina Santiago López, Yesenia Gabriela López López, Félix Cruz López, Fernando Cruz Antonio, Manuel Sánchez López, Miguel Ángel López López, Gema López López y Jesús Mario López López.

La portavoz de los afectados por la impune invasión en los parajes “La Piona” o “La Peona” demandó la inmediata intervención del gobernador, Gabino Cué, del Secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, y del Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz para que se haga justicia en el caso de los propietarios de terrenos que han sido invadidos.

Indicó que desde la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se protegen a invasores de terrenos vendidos a particulares en el municipio de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca.

La denunciante expuso que hay más de 80 afectados que compraron terrenos en diversos parajes de ese municipio, entre ellos “La Peona o Piona”, y cuentan con escrituras debidamente inscritas ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Tlacolula de Matamoros.

Explicó que por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ha habido omisión en el cumplimiento de sus funciones, porque después de los tres casos antes mencionados, no se han ejecutado las demás órdenes de aprehensión en contra de los otros 8 involucrados.

Por lo que respecta a Orlando Cruz Saavedra, se encuentra con un pie fuera de la cárcel, luego de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de formal prisión de fecha 20 de septiembre de 2015 y dictó auto de libertad con las reservas de ley.

La afectada Ana María Anderson Altamirano, sostuvo que la autoridad jurisdiccional ha mostrado parcialidad a favor de los indiciados, en virtud de que los elementos que ha tenido para librar una orden de aprehensión y dictar el auto de formal prisión, con posterioridad, son los mismos que utiliza para dictar auto de libertad, lo que resulta contradictorio dentro del mismo proceso.

Destacó que en las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales, no valoran de manera exhaustiva las pruebas ofrecidas por la parte ofendida y se incurre en omisión en el deber del juzgador, lo que se traduce en violación a sus derechos humanos y de manera particular a su derecho de propiedad.

Altamirano, aseguró que cuando solicitó la restitución del inmueble de su propiedad, le negaron su petición formulada conforme a derecho, con el argumento de que el procesado había interpuesto un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado en su contra, cuando la Ley así lo ordena y aun cuando en el proceso no haya acreditado la posesión, mucho menos la propiedad de dicho inmueble.

Enfatizó que tal es el grado de impunidad con la que opera la familia de invasores, que durante la reunión convocada en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, varios de los que tienen órdenes de aprehensión se encontraban en el lugar sin que fueran detenidos por las autoridades correspondientes.